Con toda la situación que han generado los anuncios del ‘Día de la Liberación’ sobre los aranceles en la mayoría de países del mundo por parte de EE. UU., hoy Colombia cuenta con unos puntos muy sensibles para la relación bilateral, que se tendrán que ir trabajando entre los gobiernos de cara a argumentar una posible rebaja de la tarifa general de 10% que comenzó a regir el 5 de abril.
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En concreto, se trata de 18 pendientes que identificó el sector privado colombiano, al igual que los otros puntos abordados por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) en su informe por países. Es de destacar que entre los más álgidos se encuentra el de vehículos y autopartes, cosméticos, leche en polvo, entre otros.
A pesar de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países desde 2012, diversas medidas adoptadas por el gobierno colombiano en los últimos años han sido interpretadas en Washington como barreras comerciales, acciones discriminatorias o incluso incumplimientos del acuerdo.
Entre los temas de mayor sensibilidad para Estados Unidos y, con impactos relevantes dentro de Colombia, se destaca la decisión de prorrogar por cinco años adicionales el derecho compensatorio de 20 centavos de dólar por galón sobre las importaciones de etanol estadounidense.
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Esta medida, adoptada en 2023, ha sido interpretada por los exportadores americanos como una forma de protección encubierta a la industria local. A ello se suma la reciente adhesión de Colombia al Acuerdo de 1958 sobre armonización de regulaciones técnicas para vehículos y autopartes, que bajo la Ley 2290 de 2023 consagra estándares exclusivos, representando un desafío técnico considerable para los fabricantes estadounidenses interesados en ingresar al mercado colombiano.
Respecto a este punto, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) se analizó que esta medida exige una certificación por terceros, que incluso es considerada innecesaria. “La implementación de medidas propuestas que afectan neumáticos y frenos se retrasó hasta mayo de 2025, pero las regulaciones sobre cinturones de seguridad, vidrios y cintas retrorreflectantes entrarán en vigor a finalizar marzo de 2025”, estiman.
Las barreras comerciale entre Estados Unidos y Colombia
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Asimismo, la reinstauración, en octubre de 2024, del programa de chatarrización ‘uno a uno’, como resultado de negociaciones con sindicatos de transportadores, ha sido interpretada como un retroceso en materia de política pública y comercio, especialmente por su carácter proteccionista.
El ámbito agrícola también ha sido fuente de fricción, pues Colombia clasifica el arroz de grano corto y mediano bajo un código arancelario que se aparta de la definición establecida por el Codex Alimentarius, el cual, según los sectores, afecta directamente las exportaciones estadounidenses de este producto.
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Por otro lado, la actualización del Decreto 616, que regula los requisitos físicos y químicos para productos lácteos, ha sido criticada por contener parámetros que no se alinean con estándares internacionales, lo que podría restringir injustificadamente las importaciones de este tipo de alimentos. En concreto se cuestiona el requisito mínimo de ácido láctico establecido en la normativa.
Una inquietud similar se ha generado con la implementación del impuesto por Presencia Económica Significativa (SEP), en vigor desde enero de 2024, que grava a empresas extranjeras en función de su actividad digital en Colombia. Esta medida ha sido considerada por las autoridades y empresas estadounidenses como potencialmente discriminatoria y contraria a los compromisos internacionales del país.
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De acuerdo con el Informe Nacional de Estimaciones sobre Barreras al Comercio Exterior 2025, de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) algunas de las barreras comerciales dificultan la facilitación del comercio internacional.
En ese sentido, una de las primeras que destacan es que Colombia no ha implementado reformas aduaneras que permitan a los comerciantes presentar copias electrónicas de facturas, en lugar de copias físicas. “La lentitud del despacho aduanero dificulta tanto las importaciones como las exportaciones. El gobierno colombiano informa que su sistema digital está en desarrollo y Estados Unidos seguirá de cerca la actualización”, dice la USTR.
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Así mismo, respecto a las normativas sobre las piezas de automóviles y motocicletas, los estadounidenses aseguran que los fabricantes de ese país informan que no pueden cumplir con las medidas de esa normativa debido a la falta de capacidad para la certificación de los terceros.
“Los fabricantes estadounidenses ya realizan pruebas de sus productos en conformidad de las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados, por lo que las partes interesadas argumentan que Colombia no ha demostrado la necesidad de realizar más pruebas”, mencionan.
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Agro y medicamentos
De acuerdo con el sector privado, existen medidas adoptadas por el Gobierno colombiano que, si bien generan tensiones, podrían modificarse en el corto plazo mediante acciones compensatorias.
Un caso emblemático es el de la designación de observadores portuarios por parte de asociaciones privadas, como Fenalce (gremio del sector de cereales), quienes según denuncias se extralimitan en sus funciones al monitorear importaciones agrícolas, incluidos cargamentos provenientes de Estados Unidos. Esta práctica ha sido criticada por su falta de transparencia y por generar inseguridad jurídica a los importadores.
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Otra preocupación importante radica en los prolongados retrasos en la aprobación de medicamentos por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), cuya acumulación de aproximadamente 27.000 solicitudes ha afectado la entrada de fármacos innovadores al país, perjudicando tanto a la industria farmacéutica estadounidense como a los pacientes colombianos que esperan nuevos tratamientos.
En este sentido, se establece por ejemplo la situación de los cosméticos, donde se destaca la Resolución 2310 de la Comunidad Andina que entró en vigor el 17 de diciembre de 2024. “Esta resolución incluye regulaciones técnicas sobre el etiquetado de productos cosméticos y de cuidado personal y prohíbe etiquetas existentes para cumplir con requisitos específicos de etiquetado de la Comunidad Andina. Se resalta que esta medida no tiene justificación técnica suficiente” dice el análisis de AmCham Colombia.
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Otros puntos pendientes y el TLC
Según la USTR, Colombia ha incurrido en medidas que contravienen compromisos explícitos del TLC. Por ejemplo, la exigencia de un Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) para alimentos importados, establecida por el Decreto 539 de 2014, constituye para la entidad una barrera para productos como suplementos dietéticos que ya cuentan con regulaciones propias en EE. UU..
Del mismo modo, la política colombiana en torno a las licencias obligatorias de medicamentos ha despertado inquietudes entre las farmacéuticas norteamericanas por su posible uso para debilitar derechos de propiedad intelectual.
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La exigencia del Ministerio de Defensa de que ciertas adquisiciones se realicen exclusivamente bajo acuerdos entre gobiernos (G2G) ha dejado por fuera del proceso a empresas privadas estadounidenses, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de las normas de competencia y transparencia del TLC.
En contraste, existen otros temas que, si bien generaron tensiones en el pasado reciente, han sido resueltos o se encuentran actualmente inactivos. Entre ellos figura la propuesta del Congreso colombiano de eliminar la exención del IVA para importaciones menores a US$200, lo que habría afectado el comercio electrónico y las compras minoristas transfronterizas. El artículo fue finalmente retirado del proyecto de Ley de Financiamiento de diciembre de 2024.
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En cuanto a la investigación por subsidios (CVD) sobre leche en polvo estadounidense, Colombia justificó su apertura como una atribución legítima bajo las reglas de la OMC, aunque la iniciativa haya sido autoiniciada por el Gobierno y no por la industria.
Una situación similar ocurrió con la Resolución 2013 de 2020 sobre reducción de sodio en alimentos procesados. Si bien esta norma generó costos adicionales para exportadores estadounidenses, su modificación en 2023 permitió cierta flexibilización a través de la autocertificación.
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La implementación de procedimientos para el Decreto 2478 de 2018, que regula exportaciones de productos de alto riesgo como carnes y mariscos, también ha sido objeto de diálogo ante las dudas sobre su claridad y su potencial como barrera técnica. Por su parte, la revisión de un posible caso antidumping contra el maíz estadounidense se mantiene en fase preliminar, sin avances sustanciales por parte del Ministerio de Comercio, por lo que indican que no se ha demostrado aún un daño significativo a la industria local.
Finalmente, la restricción temporal impuesta en 2023 a las importaciones de productos avícolas estadounidenses fue levantada en febrero de 2024, luego de que Colombia reconoció los compromisos asumidos en 2012 en torno a la regionalización sanitaria, una medida clave para evitar restricciones comerciales desproporcionadas ante brotes sanitarios localizados en EE. UU.
Comercio en Estados Unidos
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Vulnerabilidad
A su turno, el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana analizó el Índice de Vulnerabilidad comercial con Estados Unidos. Frente a esto, se estimó que hoy en día ocupa el tercer puesto en vulnerabilidad, estando por debajo de Canadá y México.
En detalle, Corficolombiana estimó que el país tiene un índice de 86,7 puntos en la complejidad de las exportaciones, mientras que de un 42,1 en complejidad de las importaciones. Allí la exposición al comercio bilateral se mostró en 39,2, totalizando una vulnerabilidad cercana a 51,8 puntos.
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Esto, de acuerdo con el análisis demuestra que diferentes sectores como el automotriz, el textil y el de la salud son altamente dependiente de los componentes importados de Estados Unidos, por lo que un aumento del arancel, inevitablemente, se trasladará a los precios finales de los productos, generando presiones inflacionarias adicionales.
“Tanto el consumo como la producción interna se verán perjudicados. Vale la pena señalar que la industria estadounidense aún no cuenta con la capacidad instalada suficiente para sustituir eficientemente estas importaciones ni para cubrir la demanda interna”, estiman.