En mayo del año pasado, en medio de banderas chinas y francesas que ondeaban al viento, el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, bajaron del avión presidencial recién aterrizado en París. Era la primera etapa de una gira de cinco días para fortalecer los lazos con Europa; la primera pareja de China se encontró con el cálido recibimiento de una multitud de compatriotas que agitaban la bandera roja de su país.
Al otro lado de la ciudad, sonó el teléfono de Jiang Shengda. Líder del Frente de la Libertad en China, un pequeño grupo de activistas y artistas chinos, Jiang, de 31 años, se disponía a hablar ante cientos de manifestantes en la Plaza de la República, histórico escenario de manifestaciones por la libertad de expresión, protestas y disidencia.
Jiang, nacido en Pekín, estaba acostumbrado a dirigirse a grandes multitudes y a menudo se unía a las de uigures, tibetanos y hongkoneses en el extranjero para denunciar la represión de los derechos humanos y de la libertad de expresión por parte de Xi, tanto en China como en otros países. Pero ese día se topó con un dilema angustioso.
Su madre le llamaba desde Pekín, a 8.200 kilómetros de distancia. No descolgó el teléfono.
“Sin duda iba a transmitirme el mensaje [de las autoridades] de que no debía participar en ninguna actividad pública durante la visita de Xi Jinping”, declaró Jiang al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, sus siglas en inglés) en una entrevista reciente, con el rostro oculto por gafas de sol y enmarcado por una larga melena y una barba de chivo desaliñada. “Y entonces pensé: ‘Creo que tengo el deber de hacerlo”.
Jiang es uno de los cientos de ciudadanos chinos residentes en el extranjero contra quienes las autoridades de su país han tomado medidas directas, usando la piratería informática y la vigilancia, e indirectas, como los interrogatorios a familiares, amigos e incluso antiguos profesores. Una sofisticada campaña mundial organizada por Pekín para coaccionar e intimidar a la diáspora que los analistas denominan “represión transnacional”.
El ICIJ y los medios pertenecientes al consorcio han entrevistado a 105 personas residentes en 23 países que, como Jiang, en los últimos años han sido blanco de la actuación de las autoridades chinas por criticar las políticas del Gobierno en público y en privado.
Los atacados son chinos, uigures, tibetanos, de Mongolia interior y de Hong Kong. Los han señalado por defender los derechos de las minorías étnicas de China y hablar de otros temas que el Partido Comunista Chino (PCCh) considera tabú, como la independencia de Taiwán y Hong Kong y el movimiento espiritual Falun Gong. Las entrevistas forman parte de #ChinaTargets, una investigación multinacional coordinada por el ICIJ con más de 30 medios internacionales, entre los que están EL PAÍS y La Sexta.
“El Partido Comunista no ha cambiado en lo fundamental”, asegura Michael Kovrig, exdiplomático canadiense y experto en política exterior china. “Lo que ha cambiado es su capacidad. Ahora puede hacer más cosas, así que las hacen”. Por el contrario, dice Kovrig, los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden de muchos países democráticos no tienen la experiencia necesaria para ocuparse de los casos relacionados con las tácticas represivas y coercitivas del PCCh en sus territorios.
“Este es un monstruo relativamente nuevo y no saben cómo luchar contra él”, sostiene Kovrig, que estuvo detenido en China entre 2018 y 2021, en lo que se puede interpretar como represalia por la detención en Canadá de un alto ejecutivo de Huawei, el gigante tecnológico chino.
Pekín niega las acusaciones de represión fuera de sus fronteras, que califica de “infundadas” e “inventadas por un puñado de países y organizaciones para difamar a China”, en palabras de Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de este país en Washington. “No es cierto que se actúe fuera de nuestras fronteras para perseguir a los llamados disidentes y chinos en el extranjero”, declaró Liu al ICIJ.
Desde la llegada de Xi al poder, en 2012, muchos activistas, periodistas y especialistas académicos han dejado constancia de miles de casos en los que las autoridades chinas han ejercido la represión en otros países, según el análisis del ICIJ a través de informes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y otros trabajos de investigación. Además, según diversos informes judiciales, las autoridades han convertido a algunas víctimas en cómplices, puesto que obligan o engañan a disidentes y miembros de minorías étnicas para que espíen a sus compatriotas en el extranjero. A menudo, los países de acogida tienen dificultades para proteger a las personas señaladas por el Gobierno contra los ataques y las intimidaciones, según revela dicho análisis.
Represión transnacional
Los ciudadanos chinos perseguidos por su Gobierno dicen que, salvo excepciones, es frecuente que la policía del país en el que residen no les haga caso cuando denuncian que están vigilándolos y acosándolos. Las respuestas diplomáticas siguen siendo tímidas, lo que anima a China a ser cada vez más agresiva, según los activistas. En Nepal, Tailandia y otros países que dependen del poder económico chino, según las investigaciones del ICIJ, la policía local ha ayudado a las autoridades chinas a impedir protestas y, en algunos casos, a localizar y detener a disidentes. Las sombras alcanzan también en Europa.
La pasada Nochebuena, Carmen Lau, una hongkonesa exiliada de 30 años, estaba en su apartamento cerca de Londres, escuchando a altas horas de la noche la rueda de prensa en la que la policía de Hong Kong anunciaba una serie de restricciones a los activistas por la democracia en el exilio, cuando oyó su nombre. “Ha cambiado completamente mi vida diaria”, dice Lau. “Todavía estoy procesándolo mentalmente y tratando de adaptar mi vida personal y social”.
Lau está entre los cientos de hongkoneses que participaron en el movimiento en favor de la democracia que las autoridades de la ciudad reprimieron de forma brutal y que, en 2020, culminó en una nueva ley de seguridad que restringe enormemente los derechos humanos y las libertades civiles. En 2021 la acusaron de incitar a votar en blanco como forma de protesta contra unas elecciones que los activistas consideraban amañadas.
Es una más de los miles de personas que huyeron al Reino Unido, Estados Unidos y otros países, y figura en la lista de las 19 personas por las que Hong Kong ofrece recompensa. Ya no tiene ningún contacto con los familiares que siguen viviendo en su país, pero que sigue preocupada por ellos y por su propia seguridad, según cuenta. “Fue [un] sentimiento complicado…, porque sé que lo que estoy haciendo está bien”, explica. “Pero mi decisión y mi empeño han puesto en peligro a mis familiares y amigos”.
Las autoridades británicas no han sido una gran ayuda, según Lau. Asegura que cuando las de Hong Kong ofrecieron la recompensa, un agente de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana de Londres le aconsejó que no participara en las acciones de protesta y que redujera al mínimo su presencia en internet. La policía de su pueblo le sugirió que instalara una cámara de vigilancia en el exterior de su piso y que se comprara una alarma personal. Este cuerpo no ha querido hacer ningún comentario sobre el caso de Lau. “No me siento nada segura”, afirma ella.
Los antiguos agentes de los servicios de inteligencia, diplomáticos y expertos en China entrevistados por el ICIJ dicen que los países democráticos han tardado en ser conscientes de la estrategia de represión transnacional del Gobierno chino y que esa tardanza ha tenido consecuencias.
La opinión pública empezó a cambiar en 2022, cuando el grupo de derechos humanos Safeguard Defenders publicó un informe, que tuvo gran difusión, que revelaba que las asociaciones de empresarios chinos y otros grupos de servicios a la comunidad presentes en decenas de ciudades de todo el mundo actuaban como comisarías secretas.
Muchos países, además de la Unión Europea, adquirieron conciencia de las repercusiones del control que ejerce China sobre su diáspora. El Parlamento Europeo ha pedido una reacción coordinada de los socios de la UE ante la represión que ejercen los “regímenes iliberales”, entre ellos China, fuera de sus fronteras. En el Reino Unido, una comisión gubernamental se ha reunido recientemente con expertos y víctimas dentro de una investigación sobre el asunto.
Jiang, el artista y activista residente en París, dice que, después de las angustiosas llamadas telefónicas de su familia durante la visita de Xi a París el año pasado, las amenazas contra su familia cesaron de pronto. La vida volvió a la normalidad.
Pero, en marzo de este año, Jiang revisó uno de los cuatro teléfonos que utiliza para comunicarse de forma segura con personas en China y vio un mensaje. Era de su padre. Jiang le devolvió la llamada y él le dijo que unos agentes de seguridad, entre los que estaba el que había hablado el año pasado con ellos, le habían convocado.
Jiang está rodando un documental sobre un conocido activista afincado en Italia, apodado Maestro Li, que tiene 1,9 millones de seguidores en X, y que entre otras cosas denuncia la explotación laboral en China. Los agentes le transmitieron a su padre que a Jiang no le convenía implicarse con Li, porque es un “individuo clave”, que es el término que usa el Gobierno para referirse a personas consideradas una posible amenaza para la sociedad.
También tenían un mensaje para Jiang: “Si es necesario, te llamarán o se reunirán contigo donde estés”.
Jiang captó el mensaje: “Lo interpreto así: ‘Si quisiéramos, podemos encontrarte en cualquier momento’”.