Un juez federal ordenó este martes a la Casa Blanca de Donald Trump que levante las restricciones de acceso a los reporteros de Associated Press al Despacho Oval, a bordo del avión presidencial u a otros eventos de interés mediático. El veto se lo impuso la Administración a la principal agencia de noticias estadounidense para castigarla por negarse a adoptar el nombre que Trump dio por decreto al Golfo de México, que rebautizó como Golfo de América en su primer día de regreso en el poder.
En una decisión de 41 páginas, el magistrado federal del Distrito de Columbia Trevor McFadden, que fue nombrado por Trump en 2017, es claro: “En virtud de la Primera Enmienda [de la Constitución estadounidense, garante de la libertad de expresión], si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea en el Despacho Oval, el ala Este o en cualquier otro lugar—, no puede cerrarlas a otros debido a sus opiniones”, escribe. “Lo manda la Constitución”.
McFadden da cinco días a la Administración de Trump para apelar. No estuvo inmediatamente claro cuáles son los planes de la Casa Blanca, pero sí, que la sentencia es un varapalo a la campaña que sus funcionarios han lanzado contra los medios tradicionales.
El juez tenía que decidir sobre la demanda interpuesta por AP a tres trabajadores de la Casa Blanca, porque la agencia consideraba que el veto a su acceso a esos espacios para informar a sus abonados suponía una violación de la libertad de expresión. El decreto que, según Trump, sus reporteros estaban incumpliendo estipulaba el nombre dado a la masa de agua que baña el sur del país, pero también México y Cuba. La expresión Gulf or America tiene connotaciones nacionalistas en Estados Unidos, donde el lenguaje coloquial confunde el continente con el país.
Como defensa de su decisión de continuar escribiendo Golfo de México, seguido de la puntualización de que la nueva Administración le ha cambiado el nombres, la agencia argumentó que sus clientes no solo están en Estados Unidos, sino repartidos por todo el mundo, en países que no han asumido, ni piensan asumir, el cambio de una denominación geográfica que lleva usándose más de cuatro siglos.
Hace un par de semanas, Julie Pace, directora ejecutiva de AP, escribió un artículo de opinión en el diario conservador Wall Street Journal en el que advertía: “Si alguien piensa que la demanda de Associated Press contra la Casa Blanca del presidente Trump se trata del nombre de una masa de agua, será mejor que piense un poco más allá. Se trata realmente de si el Gobierno puede controlar lo que los medios dicen”.
“Nos complace la decisión del tribunal”, declaró una portavoz de la agencia tras hacerse pública la sentencia. “El fallo de hoy reafirma el derecho fundamental de la prensa y el público a expresarse libremente sin represalias del Gobierno. Es una libertad garantizada para todos los estadounidenses en la Constitución”.
Uno de los tres demandados era Taylor Budowich, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, que fue el encargado de hacer pública la prohibición en un post en las redes sociales en febrero. “Associated Press sigue ignorando el cambio de nombre geográfico legal del Golfo de América”, escribió. “Esta decisión no solo divide, sino que también expone el compromiso de AP con la desinformación. Si bien su derecho a informar de manera irresponsable y deshonesta está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza su privilegio de acceso sin restricciones a espacios limitados, como el Despacho Oval y el Air Force One”. El funcionario prometía también abrir esos espacios “a los muchos miles de periodistas a los que se les ha prohibido cubrir estas áreas íntimas de la Administración”. “Los periodistas y fotógrafos de AP conservarán sus credenciales para el complejo de la Casa Blanca”, añadió.
McFadden no pone en duda en su fallo la potestad de la Casa Blanca de organizar el flujo del reducido grupo de los periodistas que forman parte del pool y que han gozado durante más de un siglo de un acceso privilegiado al presidente sobre el que decidía Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, controlada por los grandes medios. La Administración de Trump les usurpó ese poder poco después de lanzar su ataque contra AP. “Este tribunal no ordena al Gobierno otorgar a AP acceso permanente al Despacho Oval, al ala Este ni a ningún otro evento”, escribió. “No le otorga un trato especial. De hecho, AP no tiene necesariamente derecho al acceso permanente a la red de prensa de primera línea, como el que disfrutaba bajo la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Pero tampoco puede recibir un trato peor que su equivalente en servicios de noticias”.
Según la agencia, la decisión de Trump les ha hecho perder dinero, en la medida en el que la calidad y la inmediatez de la información que eran capaces de ofrecer a sus clientes se vio considerablemente mermada.