Durante la diligencia, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, junto con el Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, requirieron información sobre los motivos que llevaron a la Anla a tomar esta medida preventiva bajo la Resolución 00004 del 2 de enero de 2025. Asimismo, examinaron la competencia de la entidad frente al proyecto y el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos al concesionario, Grupo Portuario S.A.
Al finalizar la jornada, la Procuraduría General expresó su preocupación por la ausencia de un expediente completo que contenga todos los documentos necesarios para justificar la medida preventiva adoptada por la Anla. También señaló la falta de certeza sobre la totalidad de los documentos aportados por la Entidad Portuaria Autónoma (EPA) Buenaventura, así como sobre los requerimientos realizados al concesionario respecto al cumplimiento de los instrumentos de manejo ambiental.
Vea también: Esta es la razón por la que el proyecto Komodo-1 se considera ‘inviable’
Imagen del puerto de Buenaventura.
Archivo EL TIEMPO
“Estamos valorando si hubo irregularidades en las actuaciones administrativas que llevaron a una decisión tan drástica como la suspensión de actividades del muelle. Nuestro interés es salvaguardar la continuidad del servicio público portuario mientras se garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”, afirmó el Procurador Delegado, Gustavo Guerrero.
El ente de control solicitó la entrega de toda la información pertinente y manifestó la disposición de incluir documentación adicional que pudiera no estar incorporada en el expediente de la Anla. Además, anunció que llevará a cabo una visita técnica y administrativa tanto a la EPA Buenaventura como al puerto, con el propósito de verificar las condiciones actuales de operación del Muelle 13 y la intervención en el procedimiento administrativo.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio