El cielo de Miraflores, un pequeño municipio en los bordes de la Amazonía en el sur de Colombia, duró casi dos semanas cubierto de helicópteros. En el batallón de infantería de selva se abastecen de combustible las aeronaves que buscan dar con Iván Mordisco, el jefe de disidencia de las extintas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), que se paró de la mesa de negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha ofrecido 4.450 millones de pesos (un millón de dólares) por su cabeza. El Estado ha dado de baja a 12 de sus hombres, incluyendo a El Paisa Duber, comandante del frente primero, y capturó a alias Robledo, otro mando importante. Y tienen como trofeos las gafas, el fusil y el computador de Mordisco, pero no pruebas de que haya muerto.
Esa arremetida militar cristaliza el cambio en la estrategia del presidente, que ha reaccionado al deterioro de la seguridad y al evidente fracaso de su política de paz total, que buscaba negociar la paz en paralelo con todos los grupos armados. A menos de año y medio del fin de su cuatrienio, busca resultados con una ofensiva que logre golpear a quienes ya no dialogan, como Mordisco, y presionar a quienes siguen negociando para avanzar hacia un acuerdo.
Así quedó claro con el llamado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), la disidencia al mando de Calarcá. El Gobierno desechó prorrogar el cese al fuego bilateral con ese grupo, pero suspendió las operaciones militares ofensivas en su contra hasta el 18 de mayo. Es una medida para meterle presión a las negociaciones o para iniciar otra ofensiva. En cualquiera de esos escenarios, el Gobierno busca resultados rápidos, algo fundamental a medida que se acercan las elecciones de 2026.
“El ritmo lo venía marcando el actor armado. Hoy el Gobierno agarra la batuta”, dijo a EL PAÍS el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. Además de esa explicación oficial, de fondo está la presión para lograr que el llamado Frente 33, que hace parte del EMBF y que viene intentando recuperar el control del Catatumbo que la guerrilla del ELN le quitó en enero, se concentre en unas “zonas de ubicación”. Concentrar al 33 es un plan que el Gobierno viene cocinando y que si logra, le daría algo para mostrar. “Hagamos que este mes sea de mucho provecho y beneficio para las comunidades”, respondieron al anuncio públicamente Jhon Mendoza, Andrey Avendaño y Richard Suárez, cabecillas del 33, aunque no hablaron de las zonas. El riesgo es que el mes pase, poco cambie y termine más embolatada una de las pocas negociaciones que quedan en la paz total.
De La Macarena a la incertidumbre
Tres días antes de la decisión de Petro de no prorrogar el cese, el EMBF y los negociadores del Gobierno tuvieron una reunión extraordinaria en La Macarena, Meta. Los delegados de Petro llegaron con su instrucción de lograr resultados más concretos. Lo lograron. Por primera vez quedó explícito que las dos partes se comprometen a construir un plan para que, “sin armas”, miembros del grupo recuperen la Amazonía, la selva en la que el Bloque Jorge Suárez del EMBF se ha convertido en la autoridad ambiental de facto. Da “orientaciones” sobre la tala, el acaparamiento de tierras y el ganado a comunidades y terratenientes, un poder que usa para presionar los diálogos.
Aunque no quedó por escrito, alcanzaron a discutir que las acciones para recuperar la selva las hagan en conjunto entre instituciones civiles del Estado, el EMBF, comunidades, e incluso militares, algo inédito. Pero sí quedó explícito que el EMBF debe permitir que las instituciones del Estado, con programas concretos y concertados con las comunidades campesinas, indígenas y afro, puedan entrar a las zonas que controla. Eso podría desbloquear el catastro multipropósito, entre otras iniciativas. Además, llegaron a hablar de un “plan marco para la construcción de una ruta definitiva hacia la paz”, una hoja de ruta para una agenda estructurada de negociación, con puntos como justicia, armas, víctimas, gobernanza territorial y la “incorporación al Estado social de Derecho”.
Para el Gobierno, esos avances, más el mes de suspensión de operativos, significan que viene el momento de tener hechos concretos de la intención de paz del EMBF. “El cimiento de este proceso ya no es el cese sino la incorporación de ellos en las transformaciones territoriales y el tránsito a la vida civil” dice el comisionado Patiño. “Tienen que ubicarse en zonas de ubicación temporal para que puedan establecerse treguas o ceses que puedan ser controlados y monitoreados” agrega.
Pero todo indica que ese tránsito no será fácil. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, revela que en las últimas semanas el 33 se ha venido fortaleciendo. Ha reincorporado a integrantes que habían huido o se habían entregado al Estado, y han estado “recibiendo apoyo logístico y armamento del Bloque Jorge Suárez Briceño” y de otros grupos disidentes en sur de Bolívar y sur del Cesar. El documento cita cifras oficiales que le daban al 33 cerca de 500 hombres en armas hace un mes (hoy serían 700 según inteligencia militar) y cuenta que han comenzado a recuperar varias zonas que controlaban antes de la crisis, lo que muestra que se puede venir un nuevo ciclo de guerra con el ELN.
Pese a ello, para el Gobierno ese grupo está cerca de concentrarse. “Yo diría que ellos y los grupos del Magdalena Medio están mucho más maduros que los frentes del EMBF que maneja Calarcá” dice Patiño en referencia a los grupos que hacen presencia en el Caquetá, Meta y Guaviare. De hecho, el decreto que suspende las operaciones militares señala que el mes busca “garantizar las condiciones de seguridad y logísticas necesarias para avanzar en el tránsito a zonas de ubicación del Bloque Magdalena Medio”. Frente al resto del EMBF la redacción es otra: el Estado espera el “avance en la construcción de condiciones” para que “transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz”.
La prueba ácida
Mientras en Bogotá la discusión era la prórroga del cese, en pleno miércoles de Semana Santa, varios campesinos de Caño Makú, una vereda de San José del Guaviare, salieron espantados por los combates entre el frente 44 del EMC y el John Linares del EMBF. Ya en enero habían chocado unidades de Mordisco y Calarcá en la vereda Miravalle, donde murieron al menos 16 personas.
En la zona son cada vez más comunes las amenazas para evitar que los campesinos vayan a las reuniones que convoca uno u otro grupo. A mediados de marzo, la gente de Mordisco dirigió un mensaje de WhatsApp a los habitantes de Guaviare y Meta. Señalaba que un encuentro “está relacionado al grupo paramilitar Calarcá Córdoba, lo cual recomendamos no asistir a ese evento”. Los presidentes de las juntas de acción comunal, la organización social más nuclear de las veredas, viven asediados por mensajes y llamadas de los dos lados.
Los recientes golpes de la Fuerza Pública a las unidades de Mordisco llevan a que en la zona se tema una mayor confrontación. Eso porque desde marzo Calarcá entró al área del Guaviare conocida como “Trocha Ganadera”, que manejaban unidades del EMC de Mordisco. Y también han venido creando nuevos frentes en Meta, Huila y Tolima.
En pleno crecimiento, es improbable que esa ala del EMBF tenga incentivos para concentrarse en zonas definidas, como espera el Gobierno. Menos cuando ‘Calarcá’ ha dicho públicamente que un acuerdo con Petro es imposible, aunque no cierra la puerta a dejar “algo bien adelantado en materia de transformación, de reformas”.“Calarcá está muy embobado con Mordisco y no piensa que hay que moverse a la velocidad de las urgencias de la paz” concede el comisionado Patiño. “Pero creo que una vez instalada la dinámica de los frentes del Catatumbo, los del Caquetá y Guaviare van a responder”, señala.
La “dinámica” a la que se refiere es un modelo similar al que está acordado con Comuneros del Sur, la disidencia del ELN en Nariño, que a principios de abril entregó más de 500 artefactos explosivos tras firmar acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos, y se comprometió a entregar el resto de sus armas en los próximos tres meses. A la par, deben avanzar las “transformaciones territoriales”, como un proceso de desminado humanitario en tres zonas periféricas del municipio de Samaniego. “Estamos pasando a otra etapa” explica Patiño. “Estamos más interesados en tener procesos de paz con impactos, que en tener mesas de negociación”.