A principios de marzo, el colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco llegó al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, gracias a una pista anónima que los avisó de que, ahí, el Cartel Jalisco Nueva Generación desaparecía personas. Descubrieron rastros de hogueras, cientos de fragmentos de huesos, zapatillas y ropas abandonadas por sus dueños. Las madres buscadoras lo llamaron centro de exterminio. El hallazgo explotó y se incrustó en la conciencia colectiva de México. Dentro de un país con 127.000 desaparecidos, el impacto de Teuchitlán fue novedoso: la sociedad mexicana, noqueada hasta el extremo por la violencia, parecía haber perdido la facultad de escandalizarse. El rancho tocó una fibra, saltó a los titulares, las tendencias de las redes sociales y a las plazas en las que se celebraron vigilias por los ausentes. Los columnistas hablaban del Ayotzinapa de Sheinbaum. La presidenta, con unos niveles de aprobación por las nubes, buscaba evitar a toda costa que el caso se convirtiera en un gran agujero en su expediente y pidió a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que se remangara y empezara a trabajar.
La estrategia de Claudia Sheinbaum, Gertz y sus subordinados ha sido clara desde el principio. El primer objetivo fue desterrar de la conversación pública el concepto de “centro de exterminio”. La maquinaria gubernamental y del partido, Morena, se activó: en cada entrevista, en cada intervención, la consigna era promulgar la versión oficial de que el rancho Izaguirre era usado como un espacio de reclutamiento, que no había evidencias de desaparición forzada. “¿Hay 200 zapatos ahí? Sí. ¿Pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto?”, cuestionó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en unas declaraciones que las madres buscadoras recibieron como una bofetada. El 8 de abril, Gertz aseguró en la conferencia diaria presidencial, la Mañanera, que no habían encontrado indicios de hornos crematorios y adelantó que la semana siguiente enseñaría las pruebas: “Creo que hay una buena cantidad de información que vamos a tener en el curso de esta y la próxima semana y yo quisiera ver la posibilidad de poderlos convocar a ustedes para poderles dar no solamente la información, sino la documentación al respecto”.
Un periodista preguntó:
—¿No hay plazo para esta entrega de resultados?
Gertz respondió:
—Tiene que ser inmediato.
Doce días después, de esa buena cantidad de información no se sabe nada y el tema no ha vuelto a ser mencionado. La presidenta ha rehuido el diálogo directo con las madres buscadoras desde que tomó posesión, en octubre de 2024, pero recientemente envió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, a reunirse con ellas y, esta semana, ha asegurado que el diálogo será “permanente”.
Desde el principio, el caso Teuchitlán estuvo marcado por la negligencia y la irregularidad. La Guardia Nacional llegó al rancho en septiembre de 2024, mantuvo un tiroteo con sicarios del CJNG, detuvo a 10 personas, liberó a dos secuestrados y encontró un muerto. La Fiscalía General de la República (FGR) fue informada en ese momento del hallazgo, con pruebas que apuntaban al delito de delincuencia organizada, que solo la FGR tiene jurisdicción para investigar. Aun así, rechazaron asumir la investigación, que quedó en manos de la Fiscalía de Jalisco. La institución estatal no persiguió ninguno de los indicios, no inspeccionó el lugar en el que meses después el colectivo de buscadores encontraría cientos de huesos, no hizo análisis físicos ni químicos de las hogueras, no se dio seguimiento a las víctimas que estuvieron en el rancho ni se rastreó su propiedad y el lugar quedó prácticamente abandonado durante seis meses.
Todo aquello lo denunció Gertz el 19 de marzo y anunció que la FGR tomaría el control de la investigación, lo que no sucedió en la práctica hasta cinco después. Antes de eso, permitieron la visita de la prensa y buscadoras al rancho, un evento caótico y doloroso retransmitido en directo que contaminó la escena antes de que la FGR pudiera elaborar sus peritajes. Durante semanas, entre la FGR y la Fiscalía de Jalisco volaron acusaciones de malas prácticas. Nadie quería asumir las culpas y el relato se ensució. Más de un mes después, son más las preguntas que las respuestas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que en Teuchitlán se secuestró, torturó y asesinó, pero aún no está claro el número de víctimas, su identidad ni el modus operandi.
En su última comparecencia, Gertz sostuvo que sus peritos no habían encontrado “una huella suficiente para una acción de cremación”, aunque reconoció que hallaron “algunos restos humanos muy fraccionados” que “no corresponden directamente a un solo cadáver” y que, contradictoriamente, presentaban “en algunos casos huellas de algún tipo de cremación”. En el afán por desechar la teoría del centro de exterminio, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, negó incluso las palabras del fiscal general y dijo que los huesos “no eran humanos”. Un estudio de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, al que tuvo acceso EL PAÍS, choca con la versión oficial: identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019, años antes de que se destapara su uso por parte del CJNG. Las cenizas aparecen en los mismos puntos de la finca donde los buscadores señalaron la existencia de agujeros en el suelo usados como hornos crematorios de personas.
El caso Teuchitlán es solo la punta del iceberg de la crisis de desaparecidos de México, pero se ha convertido en el reclamo mediático para abordar el tema, ausente de la agenda del Gobierno de los últimos meses. Antes del rancho Izaguirre, Sheinbaum había esquivado a los desaparecidos, centrada en las tensiones con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Incluso las Naciones Unidas tuvieron que intervenir para señalar que las desapariciones en México son “sistemáticas y generalizadas” y apuntar la responsabilidad del Estado —hecho probado en numerosos casos. De nuevo, toda la maquinaria gubernamental reaccionó: Noroña se atrevió a decir que era una estrategia de las Naciones Unidas para “descarrilar” al Gobierno y, en esa misma línea, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, cargó contra la ONU: “No les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”. Hasta Sheinbaum, contra las pruebas, sentenció: “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”.
En contra de ese relato se ha posicionado incluso la Iglesia católica, tradicionalmente conservadora, que clama desde hace meses por una intervención estatal que frene la violencia y las desapariciones. Este Jueves Santo, en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes se puso a los pies de las madres buscadoras y los lavó: “Este gesto profundo de cercanía pastoral busca visibilizar el dolor, la fe y la esperanza de quienes enfrentan realidades marcadas por la pérdida, el desarraigo y la búsqueda de justicia. En sintonía con el ejemplo de Cristo, que lavó los pies de sus discípulos, la Iglesia en México quiere acompañar, consolar y alentar a quienes viven momentos de profundo sufrimiento”.