En la advertencia más seria a su aliado en toda la guerra, Estados Unidos envió el pasado domingo una carta al Gobierno de Israel en la que le da un mes de plazo para que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza si quiere seguir recibiendo apoyo armamentístico para un conflicto que ha causado ya la muerte a más de 42.000 personas en la Franja. A su vez, el Tribunal Supremo israelí insta al Ejecutivo que lidera Benjamín Netanyahu a informar antes del 11 de noviembre sobre el bloqueo impuesto a personas heridas y enfermas no implicadas en combate, que impide que salgan desde el enclave mediterráneo palestino a terceros países. Dos ONG israelíes alertan de que solo se permite la salida al 2% de ellos. Washington y la Corte Suprema elevan la presión en un momento en el que, además de en Líbano, el Estado israelí ha aumentado la presión con una gran ofensiva en el norte de Gaza mientras mantiene intensos bombardeos en la mitad sur del enclave palestino.
Estados Unidos exige la llegada de un mínimo de 350 camiones diarios (frente a los alrededor de 500 de antes de la guerra), así como la apertura de nuevos pasos para que pueda acceder la ayuda. También expresa su preocupación por la campaña de las autoridades israelíes para acabar con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, principal institución de ayuda de los gazatíes sobre el terreno.
Mientras, 38 organizaciones humanitarias califican la escalada en el norte de “horrible atrocidad” en un lugar que “está siendo borrado del mapa”, algo que el mundo no puede ignorar. Allí, “los heridos llegan a raudales, niños, ancianos, víctimas de los ataques aéreos israelíes, pero no hay recursos para atenderlos”, según se lee en el comunicado hecho público este miércoles.
“Bajo el pretexto de la evacuación, las fuerzas israelíes han ordenado el desplazamiento forzado de unos 400.000 palestinos atrapados” en esa zona. Algo que, agrega el texto, se lleva a cabo “a tiros”. Aunque Israel ha informado de la llegada de varias decenas de camiones, estas organizaciones humanitarias subrayan que “desde el 1 de octubre no se ha permitido la entrada de alimentos en la zona, y los civiles están muriendo de hambre y mientras bombardean sus casas y sus tiendas de campaña”.
Israel debe disponer de “medidas concretas” en 30 días, se lee en la misiva del secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. “El hecho de no demostrar un compromiso sostenido con la implementación y el mantenimiento de estas medidas puede tener implicaciones para la política de EE UU”, añade advirtiendo de posibles consecuencias que incluyen al suministro de armamento. La situación en Gaza, dice, es “cada vez más grave”.
La Administración de Joe Biden se muestra “particularmente preocupada por las acciones recientes del Gobierno israelí, incluida la detención de las importaciones comerciales, o la denegación o impedimento de casi el 90% de los movimientos humanitarios entre el norte y el sur de Gaza en septiembre”. Blinken y Austin recuerdan, además, que tras la promesa, el pasado marzo, de hacer frente a sus obligaciones, el flujo ha descendido en torno a un 50%.
Petición del Supremo
Este martes, el Tribunal Supremo israelí ha pedido al Estado que explique por qué no ha establecido un plan para supervisar la evacuación de gazatíes enfermos y heridos para recibir tratamiento en un tercer país. Da, además, hasta el 11 de noviembre de plazo para que informe al respecto después de que varias organizaciones humanitarias israelíes realizaran esa petición el pasado julio. La actual ofensiva acumula miles de heridos, además de muertos, a los que no se permite salir del enclave.
Las autoridades israelíes niegan, a preguntas de EL PAÍS, que impidan esas salidas. No concretan, sin embargo, cuántas personas logran ser evacuadas. En este sentido, las ONG israelíes Physicians for Human Rights y Children No Numbers afirman en un comunicado que “solo el 2%” lo han logrado “tras el cierre del cruce de Rafah [que conecta la Franja con Egipto] en mayo”, una vez que ese paso fue tomado por las tropas de ocupación israelíes.
Physicians for Human Rights, una de esas organizaciones, ha confirmado a EL PAÍS —a través de los abogados Adi Lustigman y Tamir Blank— que está “satisfecha con las investigaciones del tribunal sobre este asunto urgente”. “Cada día que transcurre con personas enfermas y heridas en Gaza que se quedan sin tratamiento médico significa que vidas humanas, entre ellas de niños y bebés, están en peligro. El Estado está obligado a permitir el acceso al tratamiento médico para que aquellos que aún pueden ser salvados puedan ser salvados”, añade en una respuesta escrita tras el anuncio del Supremo.
Este diario ha preguntado a ese respecto al Ministerio de Defensa y a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat, por sus siglas en inglés), que supervisa la actividad civil en la Palestina ocupada. Son dos de las partes, junto al Ejecutivo, a las que se dirigió la queja de las ONG. Ese organismo ha respondido, sin dar datos, que permiten salidas de gazatíes cuya vida corre peligro o en condiciones médicas complejas hacia Egipto, Jordania y, a través de un aeropuerto del sur de Israel, a Emiratos Árabes Unidos.
Escenas dantescas
En una cama de un hospital del norte de Gaza permanece en estado muy grave, tras recibir un disparo en el cuello, el cámara del canal catarí Al Jazeera Fadi al Wahid. Sus compañeros, objetivo como él en varias ocasiones de los ataques israelíes, reclaman que sea evacuado para que pueda recibir atención fuera de la Franja, pues los médicos temen que pueda quedarse tetrapléjico. Es solo uno de muchos ejemplos.
El director del hospital Kamal Adwan de Bit Lahia, Husam Abu Safieh, ha enviado a EL PAÍS vídeos impublicables por su crudeza con escenas dantescas en las que aparecen los sanitarios rescatando a heridos y muertos para trasladarlos a centros médicos.
La Cogat informó este martes de que, en coordinación con el ejército, había facilitado la evacuación de 33 pacientes del Kamal Adwan hacia otros hospitales. El director de ese centro, sin embargo, reduce a 22 los pacientes que salieron, además del cuerpo de un fallecido. Las autoridades de Israel afirman haber distribuido 68.650 litros de combustible y 800 unidades de transfusión de sangre para que los centros médicos puedan seguir funcionando. Abu Safieh reconoce que 20.000 litros de combustible han llegado al Kamal Adwan.
En enero, el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ordenó a Israel que adoptara todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio contra la población palestina en Gaza, aunque evitó reclamar un alto el fuego en la Franja. Algo que sigue sin lograrse. Allí permanece un centenar de los 250 rehenes capturados en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
Hambre como arma de guerra
Hace ahora tres meses que Estados Unidos acabó desmontando el polémico muelle temporal que instaló en una plaza de Gaza para facilitar la llegada de ayuda. Biden se mostró “decepcionado” por la falta de éxito de una iniciativa que contó con el visto bueno israelí que, al mismo tiempo, bloqueaba los pasos fronterizos con la Franja. Con un coste de 210 millones de euros y un millar de militares estadounidenses implicados, la estructura flotante, rodeada de problemas y críticas, apenas funcionó 25 días y permitió descargar nueve millones de kilos de ayuda. Desde un primer momento, tanto la ONU como las organizaciones humanitarias sobre el terreno defendieron que esa no era la mejor vía de llegada de suministros y que la opción más rápida, efectiva y barata era la terrestre, pues, entonces, se seguían lanzando paquetes desde el aire también.
Distintas organizaciones humanitarias llevan meses denunciando lo que consideran el empleo del hambre como arma de guerra, lo que ha elevado el nivel de desnutrición de una población que, en su mayoría, vive desplazada en medio de las constantes órdenes de evacuación que emiten las tropas de ocupación y que son ilegales, según el derecho internacional humanitario. En las últimas horas, Israel ha anunciado la entrada de 30 camiones a la zona septentrional de la Franja, donde, según la ONU, habitan todavía unas 400.000 personas pese a los intentos de Israel de expulsión porque consideran que se encuentran en una zona de combate. De hecho, en las últimas dos semanas de ofensiva se acumulan cientos de muertos y heridos, alertan la ONU y organizaciones humanitarias, así como el Gobierno local de Hamás.