El antiguo policía militar y asesino a sueldo que descerrajó cuatro tiros y mató en 2018 a Marielle Franco, concejala izquierdista de Río de Janeiro (Brasil), ha sido condenado este jueves a una pena de 78 años de cárcel. Y su cómplice en el crimen, Élcio Queiroz, otro ex agente expulsado del cuerpo que aquella noche conducía el coche del ataque, a 59 años. Concluye así el juicio por el asesinato político más relevante de los últimos años en Brasil. Un jurado de siete hombres blancos ha declarado a ambos culpables del doble asesinato —Franco y su chófer, Anderson Gomes— tras deliberar poco más de una hora una vez concluidos los alegatos finales de un juicio que ha durado dos días y se ha celebrado en Río. El veredicto era esperado. Los dos acusados han alcanzado acuerdos de colaboración para revelar la trama a cambio de una reducción de pena. Solo cumplirán la pena impuesta ahora por la juez si incumplen el acuerdo de delación premiada.
Lessa, el tirador, ha pactado una pena máxima de 30 años que le mantendría en prisión hasta 2037 a cambio de delatar a quienes le encargaron y financiaron el crimen de la política. Chiquinho y Domingos Brazão, dos hermanos, poderosos y turbios políticos de Río de Janeiro, fueron detenidos hace unos meses como autores intelectuales del crimen. Un comisario de policía fue arrestado en la misma operación por entorpecer las investigaciones. Los tres esperan encarcelados su juicio, aún sin fecha.
El asesinato de Franco, una concejala novata, llegada a la política desde el activismo, negra, criada en una favela, madre y casada con otra mujer, causó una enorme conmoción. En poco tiempo, resolver su caso se convirtió en la gran bandera de la izquierda, hostigada por la extrema derecha, que llegó al poder de la mano de Jair Bolsonaro unos meses después del crimen.
Los ahora condenados fueron detenidos en el primer aniversario de las muertes, pero durante años solo rompieron el silencio para proclamar su inocencia. La investigación del doble asesinato dio un vuelco, según la madre de Franco, gracias al impulso político que le dio a la investigación el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras años de pistas falsas y pocos avances. Para las familias de las víctimas, el juicio a los autores materiales es solo el principio en la batalla, que han librado arropadas por infinidad de movimientos sociales, para que se haga justicia y los responsables sean castigados. El siguiente paso será que los Brazão, que estuvieron en el radar de la policía desde el principio, sean juzgados y condenados.