El Tribunal Supremo ha confirmado las penas a dos exmarineros que fueron condenados a tres años de cárcel por traficar con droga a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. En este caso estaban implicados otros cuatro marineros y un cocinero civil, pero ninguno de ellos recurrió sus condenas (al menos tres de ellos llegaron a un pacto con la Fiscalía), de entre uno y dos años de prisión. La Sentencia de la Sala Militar cierra un proceso que se inició hace una década, el 13 de mayo de 2014, cuando se produjo la detención de dos camellos colombianos en Nueva Jersey por parte de agentes de HSI-ICE (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos), que puso al descubierto una red de narcotráfico en la que intervinieron al menos siete miembros de la tripulación del buque escuela español.
Los jueces consideran probado que los siete tripulantes condenados, aprovechando que el buque escuela no era sometido a controles aduaneros en los puertos internacionales en los que atracaba, colaboraron con suministradores de droga colombianos para trasladar cocaína desde Cartagena de Indias (Colombia) Nueva York (EE UU). Esta droga fue embarcada en el buque durante su escala en el Muelle de Edurbe de Cartagena de Indias, donde estuvo atracado entre el 14 y el 19 de abril de 2014, para ser desembarcada en el Muelle 88 SW de la Terminal de Cruceros de Pasajeros de la Isla de Manhattan de Nueva York, entre el 10 y el 15 de mayo de ese año. En total, la sentencia da por acreditada la entrega, a través de distintas operaciones, de al menos 31 kilos de cocaína.
Los acusados que pactaron con el fiscal aceptaron una condena de dos años de cárcel que, al carecer de antecedentes penales, les permitió no reingresar en prisión, donde ya estuvieron 11 meses con carácter preventivo. Además, tuvieron que pagar entre 70.000 y 240.000 euros de multa.
Los dos marineros que recurrieron al Supremo alegaron que se habían producido irregularidades a lo largo del proceso en la custodia de la droga o en la intervención de sus teléfonos móviles. El tribunal rechaza estos argumentos basados, según los jueces, en “sospechas” o “conjeturas”. “Nos encontramos ante unos elementos de juicio cabalmente valorados, en modo atinado, lógico y completo, conclusión de fácil obtención a la vista del tenor de la sentencia [del tribunal militar territorial] cuestionada”, señala la resolución.